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martes, 14 de diciembre de 2010

7.100 millones de deuda y sin Juegos Olímpicos


Tema: Comunidad de Madrid

Categoría: Noticias

Si se hubiesen cumplido los deseos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, las próximas elecciones municipales habrían sido la última escala antes de los Juegos Olímpicos. Pero la ciudad que se planteó para 2011 no se parece a la que le tocará gestionar en 2011. Los juegos se harán en Londres y no hay modo de refinanciar la deuda, que se mantiene en 7.100 millones de euros.

Los retrasos en los pagos a proveedores, que en Madrid casi se han duplicado en dos años, han puesto en aprietos al Gobierno municipal.

El 12 de octubre, durante el desfile de las Fuerzas Armadas, el alcalde escenificó su enfado con el presidente del Gobierno. El “zapaterazo” de mayo ha cortado el grifo de la refinanciación de la deuda a aquellos municipios que superasen un límite de endeudamiento. La deuda de Madrid le ha impedido hasta ahora pedir créditos al ritmo con que financió el soterramiento de la M-30.

La venta de edificios públicos de entidad, una idea que sugirió Esperanza Aguirre a Gallardón, es una opción que frena la Ley de Haciendas Locales, aunque sí se venden pequeñas fincas, como la situada en la corredera Baja de San Pablo, de 711 m2, o la subasta de pisos públicos a empresas privadas llevada a cabo por el Instituto Municipal de la Vivienda. Las otras vías de financiación vienen principalmente por la vía impositiva: la tasa de basuras y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que ha subido un 200% durante el mandato de Gallardón.

- Y Madrid se hizo global.

Según la oficina del alcalde, el problema es únicamente la falta de liquidez, no la deuda en sí. El principal argumento de la administración municipal es la pujanza económica de Madrid: según la consultora Pricewaterhouse Coopers el PIB de la ciudad crecerá a una media anual de 1,8% hasta 2025. Desde la llegada de Gallardón a los órganos de Gobierno madrileños el turismo ha aumentado de forma espectacular: en los últimos diez años la llegada de viajeros a la capital ha crecido un 213%. Vinculada a la llegada de extranjeros a la capital ha estado lo que el grupo de estudios Observatorio Metropolitano llama la “inserción de la ciudad en la economía global” llevada a cabo durante las etapas de Gallardón en la Comunidad y el cabildo. Una inserción caracterizada, entre otros aspectos, por la subordinación de las principales partidas de gasto público a los intereses de lo que el Observatorio Metropolitano define como la “oligarquía corporativa”.

Esto se ha traducido, durante el mandato de Gallardón, en una política basada en la privatización de servicios públicos: según la oposición socialista la externalización de servicios, que en 2002 dejaba 485 millones de euros para gestión de las empresas, hoy mueve más de 1.500 millones.

Igual de vertiginoso ha sido el crecimiento de cargos de confianza del consistorio: hoy cuestan a los madrileños un 390% más de lo que costaban antes de la llegada de Gallardón a la plaza de la Villa. En los presupuestos para 2011 el equipo del alcalde ha contemplado una ligera rebaja del monto de estos cargos, si bien también se ha previsto la amortización (es decir, la eliminación) de cerca de 3.000 puestos de trabajo y la práctica congelación de la oferta pública de empleo. A esto se sumará la inminente reforma de las categorías laborales de la plantilla municipal, algo que “huele a recortes”, según denuncian los sindicatos.

- Los proyectos fastuosos se salvan del recorte.

3.000 euros cada día es lo que la población de Madrid gastará en el mantenimiento y la limpieza del Palacio de Comunicaciones en Cibeles, nueva sede del Ayuntamiento de Madrid y la cara representativa de la ciudad planteada por Ruiz Gallardón. Cuando se concluya oficialmente la remodelación del complejo, a finales de marzo de 2011, la nueva sede del Ayuntamiento de Madrid habrá costado no menos de 400 millones de euros en los conceptos de adquisición y rehabilitación del inmueble.

Esta cifra es un poco más alta de lo que ha costado la Caja Mágica, 294 millones de euros (más del doble de lo presupuestado inicialmente) y de Madrid Río, otro de los emblemas del Madrid post-corazonada de Gallardón; un proyecto que pretende integrar el cauce del Manzanares en la ciudad, y que costará, en su primera fase, cerca de 400 millones de euros.

Aunque el palacio de la Cibeles y Madrid Río, junto a la remodelación del Matadero, se han escapado del recorte de Gallardón, éste ha afectado especialmente a las áreas de Obras y Urbanismo y Vivienda. Desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) critican estas operaciones, “fastuosas y coloridas”, que “repercuten poco” en las necesidades de la mayoría de los ciudadanos y recuerdan que hay demandas históricas de los barrios, mucho menos costosas que esos proyectos, que siguen sin ver la luz en distritos sin bibliotecas municipales, como el de Hortaleza; barrios sin centros culturales como Manoteras; o sin piscinas municipal en verano, como Ciudad Lineal.

Antonio Sánchez, secretario del Ayuntamiento de instalaciones deportivas, también critica las costosas inversiones derivadas del frustrado proyecto olímpico e incide en que la privatización de polideportivos e instalaciones ha derivado en un triple perjuicio para la ciudadanía: económico, de calidad de servicio y de pérdida de patrimonio municipal. El polideportivo de Chamartín es el último ejemplo de la privatización de centros deportivos; el resultado es que se perderán 57 empleos fijos.

- La deuda ensucia los barrios del sur y del este.

Las deudas del Ayuntamiento de Madrid con las empresas concesionarias del servicio municipal de limpieza han sido uno de los principales escollos con que se ha topado la delegada de Medio Ambiente de la ciudad, Ana Botella, desde que asumiera esta área tras las elecciones de 2007.

La implantación de una tasa de basuras en la ciudad, cuyo importe oscila entre ocho y 190 euros, no ha sido suficiente para mantener la regularidad del servicio. Como apuntan desde la FRAVM, la tasa, cuya legalidad ha sido refrendada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 30 de noviembre, se impuso sin negociaciones previas con partidos, sindicatos ni otros actores sociales y su origen es el citado problema de liquidez. Las asociaciones de vecinos basaron su campaña en explicar que la tasa de basuras no iba a repercutir en un mejor servicio, algo que para Paco Caño, de la FRAVM, ha quedado demostrado en 2010. En las previsiones para 2011, el ayuntamiento espera recaudar más de 144 millones de euros gracias a la tasa de basuras, a pesar de que se reduce un 9% el presupuesto con respecto a 2010 y de que más familias quedarán exentas de pagarla.

A día de hoy, el Ayuntamiento no ha pagado a las principales concesionarias del servicio de limpieza desde el comienzo de 2010, y estos retrasos han acarreado un incremento de entre 4,2 (según el Ayuntamiento), y 30 millones, según la Asociación de empresas de limpieza pública (Aselip), del importe a pagar en concepto de intereses de demora. Por estos motivos, las empresas de limpieza amenazaron a finales de septiembre con no pagar las nóminas de los cerca de 12.000 trabajadores que desempeñan las tareas de limpieza viaria, mantenimiento de parques y jardines y recogida de basuras. Esto, a pesar de que el consistorio autorizara a las citadas empresas a no contratar a personal suplente durante los meses de verano y a paralizar la contratación de operarios los fines de semana, lo que se traduce en que casi 1.800 puestos de trabajo no se han cubierto en esos periodos.

A estos recortes se ha sumado este otoño la cancelación de la campaña de recogida de la hoja, algo que, según explica Alejandro Rodríguez, responsable sindical de basura en el Ayuntamiento, puede acarrear problemas de atascos en el alcantarillado y la canalización. Otros efectos de la mala gestión de residuos del Ayuntamiento ha sido la práctica cancelación del servicio de retirada de enseres y trastos, la no renovación de la flota de camiones y la no recogida diaria de cubos de basura, que ha pasado a hacerse cada dos o tres días.

En definitiva, un deterioro del servicio, que se aprecia en el estado de las calles, “especialmente en las zonas sur y este de la ciudad”, apunta Alejandro Rodríguez, quien se queja de que, en este contexto de recortes, el área de Ana Botella encargase unos imanes de nevera por valor de 60.000 euros.

- Gallardón aparca la bicicleta.

Pero la polémica en torno al funcionamiento del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid no termina en la gestión de los residuos.

En 2009 la media de Madrid fue de 54 microgramos de Dióxido de nitrógeno (NO2) por metro cúbico, una cifra muy por encima del límite legal marcado por la Unión Europea, que ha establecido este año por vez primera un límite obligatorio de contaminación. En un solo año la ciudad amaneciera un 26% menos contaminada que el año anterior.

Pero el traslado en 2008 de las estaciones que miden los índices de contaminación desde lugares con tráfico denso como la glorieta de Cuatro Caminos, Recoletos, Manuel Becerra o Alto de Extremadura a zonas con menos tráfico, no ha sido suficiente para evitar que en septiembre de este año se superasen durante periodos de más de dos horas los 250 microgramos de NO2 por metro cúbico, un nivel que obliga a los ayuntamientos a avisar a la ciudadanía por el riesgo que entraña para los afectados por enfermedades pulmonares.

Este juego de manos con las estaciones, que ha sido criticado por organizaciones como Ecologistas en Acción, ha servido, sin embargo, para que el Gobierno de Gallardón haya relajado su búsqueda de un modelo más sostenible de movilidad. El recorte exigido por el Gobierno central pospuso indefinidamente el proyecto de alquiler municipal de bicicletas, limitó el alcance del Plan Director Ciclista, con el que se iban a crear 575 kilómetros de carriles bici hasta 2016, y se llevó por delante la Fundación Movilidad, una mesa en la que participaban organizaciones de ciclistas, grupos ecologistas y vecinales y también empresas.

Francisco Caño, de la FRAVM, cree que esto demuestra que se sigue apostando por el modelo viario que impuso la burbuja inmobiliaria y el desarrollo urbanístico basado en el vehículo privado y cree que el Ayuntamiento debería “predicar con el ejemplo” y renovar los transportes, de pasajeros, de reparto y de basuras, de modo que estos sean menos contaminantes.

Los planes del Ayuntamiento van por otro lado: según los presupuestos, en 2011 la Policía Municipal impondrá un 75% menos de multas por exceso de velocidad. Una previsión que va a contracorriente de la tendencia general, ya que el Ayuntamiento ha previsto que la Policía Municipal suba un 40% el número de sanciones impuestas.

- Juego de manos en Mercamadrid.

El 25 de noviembre, Juan Bravo, delegado de Hacienda, anunció que el Gobierno iba a tomar aire con la venta de su participación en Mercamadrid a otra empresa municipal, Madrid Espacios y Congresos.

Así, la alcaldía consiguió 190 millones de euros para aliviar sus problemas de liquidez. Días después del traspaso del 51% del mercado de abastos, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, anunció que el consistorio va a saldar, a partir de enero, su deuda con las empresas concesionarias de limpieza, que llevan desde principios de enero de 2010 sin cobrar. El presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública explicó, a finales de octubre, que el Ayuntamiento debía 190 millones a las principales empresas contratadas: Urbaser (filial del grupo ACS), Cespa (de Ferrovial), Sufi S.A (una empresa del grupo Sacyr Vallehermoso) y el grupo francés Plastic Omnium.

- Madrid: de la deuda a un presupuesto de recortes.

(Vicente Pérez Quintana, sociólogo y responsable de urbanismo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid).

Cuando las cifras oficiales cuentan por encima de los 4,6 millones el número de personas desempleadas, de ellas, más de 550.000 en la Comunidad de Madrid, la estrategia de las administraciones públicas tendría que centrarse en la creación de empleo y en el bienestar social.

Lejos de esto, el nuevo mantra de los neoliberales de siempre se llama consolidación fiscal, esto es, reducción del gasto público e incremento de determinados impuestos o, dicho de otra manera, doble afección al bolsillo de la clase trabajadora en forma de desmantelamiento del pacato Estado de bienestar y presión sobre el maltrecho poder adquisitivo.

Los proyectos de presupuestos que nos están presentando las diferentes administraciones responden, salvando las distancias, al mismo patrón. Tal es el caso del que ha pergeñado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Éste contempla, para 2011, unos ingresos consolidados de 4.586 millones de euros, con un recorte respecto a 2010 del 7,4%. El citado importe se retrotrae a 2005.

El desglose de las entradas nos permite subrayar tres notas características. Suben los ingresos impositivos directos, gracias a la subida de un 6% del importe recaudado por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). No es cierto, pues, que se congelan los impuestos que gravan a las familias en general.

Por otra parte, observamos una acusada incidencia de la crisis del ladrillo, ya que bajan los ingresos asociados a la actividad inmobiliaria, sea la venta de terrenos municipales, sean el impuesto sobre las construcciones (el ICIO) o sobre el Incremento del Valor de los Terrenos.

Por último, Gallardón este año no podrá acudir a su política favorita, el endeudamiento, toda vez que el Gobierno central no ha autorizado siquiera refinanciar parte de la deuda que vence en 2011.

La estrategia grandilocuente de las obras faraónicas financiadas con el recurso continuado al endeudamiento estaba condenada, como mucha gente advirtió reiteradamente en estos años, a romper el techo de cristal de las finanzas del Ayuntamiento. En 2010, la deuda rebasó los 7.145 millones de euros, cifra que supone la mitad de la deuda total de los consistorios de las capitales de provincia del Estado o diez veces la del Ayuntamiento de Barcelona. En siete años, Gallardón quintuplicó la deuda, dando continuidad a una estrategia que ya había ensayado en el Gobierno regional.

Es así que, en 2011, alrededor de un décimo del gasto municipal se habrá de destinar a satisfacer los intereses y la amortización de la deuda o, para ser más precisos, si a la carga del Ayuntamiento y los organismos autónomos sumamos los intereses y la amortización correspondientes a las empresas municipales, entonces la carga financiera total asciende a 720 millones de euros, que significan el 12,8% del gasto consolidado. Más del 40% de este pellizco pertenece a Madrid Calle 30 S. A. Ese es el precio desproporcionado de una política fastuosa. La rotura de los cristales causa víctimas, ese es el problema, pues aquí no se trata del cuento de la ilusa lechera que rompe el cántaro.

- La tijera va por barrios.

Las víctimas son la inversión municipal y las políticas sociales. El gasto consolidado del Ayuntamiento de Madrid presupuestado para 2011 asciende a 4.542 millones de euros. Representa una reducción de más de 400 millones de euros sobre 2010, un 8,3% menos. Se contraen todos los capítulos de gasto, excepto el de amortizaciones, que sube un 14%. El de personal baja un 8,4%, gracias a la disminución del sueldo de los empleados públicos y al adelgazamiento de la plantilla.

Destaca el tijeretazo en la inversión municipal: un 39% menos, que se materializa en la casi suspensión de la política de equipamientos de la ciudad. En 2011 no se iniciarán nuevos centros de mayores, ni nuevas escuelas infantiles, ni nuevos parques, etc. La política de reequilibrio territorial a favor de los distritos del sur y el este es, asimismo, paralizada. La tijera apenas salva algunas actuaciones. La mayoría sufre recortes por encima del 5%. Valgan algunos ejemplos a modo de ilustración de un panorama generalizado: bomberos (7,3%), vivienda (29,6%), vías públicas (21,7%), infraestructuras (29,9%), control y calidad del agua (42,6%), dotación de áreas urbanas (15,6%), cooperación al desarrollo (89,7%), bibliotecas (13,9%), inmigración (9,8%), actividades culturales (13,8%), actividades deportivas en los distritos (18,9%), empleo y desarrollo empresarial (18,3%), servicios sociales (5,9%), etcétera.

Con unos presupuestos de este cariz no se crea empleo, no se combate el cambio climático, no se apuesta por un nuevo modelo productivo, no se avanza hacia una sociedad más justa e igualitaria… Lo mismo cabe decir de las cuentas que nos proponen las administraciones autonómica y central.

Por ello, en nuestro discurso y en nuestra acción política, no nos cabe sino abogar por una propuesta radicalmente alternativa. No es posible dibujarla aquí. Valga, al menos, con enumerar dos cuestiones trascendentes. Por una parte, sin duda, la actual regulación de las haciendas locales es insostenible. Si queremos una democracia participativa, hemos de exigir que los ayuntamientos capten más recursos y que éstos provengan de una fiscalidad erigida sobre los principios de la suficiencia y la progresividad.

Por otra parte, demandamos más recursos para producir un aumento del gasto público en la dirección del desarrollo de políticas de estímulo de la actividad económica, que tiren del empleo, la profundización del Estado de bienestar y la construcción de una ciudad sostenible a escala humana.

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