Tema: Corrupción
Categoría: Noticias
Menos mal que Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés implicado en la Malaya, conocido como «Sandokán», había avisado de que no tenía intención de «tirar de la manta» en su reaparición en escena ante los periodistas para presentar su nuevo partido y anunciar que aspira a la Alcaldía. De haberlo hecho, con seguridad habrían temblado los cimientos del Ayuntamiento. Porque, ayer, con sólo levantar una punta de esa «manta» que cubría la polémica construcción de las naves sin licencia de Colecor, dejó al descubierto algunos detalles inconfesables capaces de dar la vuelta a la verdad oficial.
Preguntado sobre si hubo una autorización verbal por parte de la ex alcaldesa, Rosa Aguilar, o su sucesor en la Alcaldía y entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña, para que acometiera las obras de las instalaciones pese a carecer de permiso municipal, el propietario de Arenal 2000 fue rotundo y claro. «Como ustedes comprenderéis —proclamó dirigiéndose a los periodistas—, yo no hice las naves porque quise, las hice porque lógicamente me dejaron hacerlas. Si no me la hubiesen parado, ¿no?».
En caso de haber habido una voluntad firme de evitar la edificación de 40.000 metros cuadrados para montar un almacén de venta al por mayor, aseguró, «me ponen unos precintos cuando empiezo a hacer la primera excavación y se ha terminado».
Gómez fue más allá y explicó que las instalaciones, que fue sancionadas por el Ayuntamiento a raíz de las denuncias de ABC, «no se hicieron con una varita mágica en 2005; se tardaron un más de un año».
- Contactos con Aguilar.
Gómez dio visos de verosimilitud a los rumores sobre un pacto velado con Rosa Aguilar, siendo ésta consejera de Obras Públicas de la Junta, para desbloquear el plan para regularizar las naves de la mano del Ayuntamiento.
El empresario dijo que, aunque no llegó a reunirse con ella, «hemos hablado y había un acuerdo por el cual me exigían a última hora que retire un documento que no me interesaba retirar». De ahí que el acuerdo, que le permitía legalizar la construcción a cambio de derribar 15.000 metros cuadrados, finalmente se fuera al traste, al negarse a desistir del recurso que interpuso ante el Supremo para que avale un plan anterior, aprobado por el Ayuntamiento y tumbado por la Junta en los tribunales, que es más favorable a sus intereses. Gómez, que dijo no estar preocupado por un cambio de criterio autonómico al cambiar la titular de Obras Públicas, consideró que «derribar un metro es una criminalidad» y «no conduce a nada». «Eso lo que hace, en vez de beneficiar, es perjudicar. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo».
Alguien que hubiera recibido tantos varapalos seguidos como él —imputación en la «Operación Malaya», caída de su imperio inmobiliario, agitados escándalos por su propensión al ladrillo desaforado y sin licencia, multas millonarias, órdenes de embargo...—, no habría levantado cabeza. Pero Rafael Gómez parece «aguantarlo todo». «Yo tengo siete vidas como los gatos», se ufanó socarrón ante los periodistas. Y la penúltima de ellas quiere emplearla en ser alcalde, decisión que tomó «hace veinte años», porque «tengo la obligación de hacerlo», a sus 66 años, dijo sacando los arrestos del «cabrero-pavero» que emigró a Francia sin un duro.
Es una vieja cuenta pendiente que tiene, confesó, antes de «irme de este mundo» y que coincide —no parece casual— con los reveses que está recibiendo en los tribunales a su pretensión de eludir el pago de la multa de 24,6 millones que pesa sobre las naves de Colecor.
El dueño de Arenal 2000 explotó ayer al máximo su condición de hombre «normal» y salido del pueblo, que cala a fondo en determinadas clases populares, a los que quiere cortejar con un discurso que mezcla el paternalismo y el populismo y que entronca con el gilismo.
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Menos mal que Rafael Gómez Sánchez, empresario cordobés implicado en la Malaya, conocido como «Sandokán», había avisado de que no tenía intención de «tirar de la manta» en su reaparición en escena ante los periodistas para presentar su nuevo partido y anunciar que aspira a la Alcaldía. De haberlo hecho, con seguridad habrían temblado los cimientos del Ayuntamiento. Porque, ayer, con sólo levantar una punta de esa «manta» que cubría la polémica construcción de las naves sin licencia de Colecor, dejó al descubierto algunos detalles inconfesables capaces de dar la vuelta a la verdad oficial.
Preguntado sobre si hubo una autorización verbal por parte de la ex alcaldesa, Rosa Aguilar, o su sucesor en la Alcaldía y entonces presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña, para que acometiera las obras de las instalaciones pese a carecer de permiso municipal, el propietario de Arenal 2000 fue rotundo y claro. «Como ustedes comprenderéis —proclamó dirigiéndose a los periodistas—, yo no hice las naves porque quise, las hice porque lógicamente me dejaron hacerlas. Si no me la hubiesen parado, ¿no?».
En caso de haber habido una voluntad firme de evitar la edificación de 40.000 metros cuadrados para montar un almacén de venta al por mayor, aseguró, «me ponen unos precintos cuando empiezo a hacer la primera excavación y se ha terminado».
Gómez fue más allá y explicó que las instalaciones, que fue sancionadas por el Ayuntamiento a raíz de las denuncias de ABC, «no se hicieron con una varita mágica en 2005; se tardaron un más de un año».
- Contactos con Aguilar.
Gómez dio visos de verosimilitud a los rumores sobre un pacto velado con Rosa Aguilar, siendo ésta consejera de Obras Públicas de la Junta, para desbloquear el plan para regularizar las naves de la mano del Ayuntamiento.
El empresario dijo que, aunque no llegó a reunirse con ella, «hemos hablado y había un acuerdo por el cual me exigían a última hora que retire un documento que no me interesaba retirar». De ahí que el acuerdo, que le permitía legalizar la construcción a cambio de derribar 15.000 metros cuadrados, finalmente se fuera al traste, al negarse a desistir del recurso que interpuso ante el Supremo para que avale un plan anterior, aprobado por el Ayuntamiento y tumbado por la Junta en los tribunales, que es más favorable a sus intereses. Gómez, que dijo no estar preocupado por un cambio de criterio autonómico al cambiar la titular de Obras Públicas, consideró que «derribar un metro es una criminalidad» y «no conduce a nada». «Eso lo que hace, en vez de beneficiar, es perjudicar. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo».
Alguien que hubiera recibido tantos varapalos seguidos como él —imputación en la «Operación Malaya», caída de su imperio inmobiliario, agitados escándalos por su propensión al ladrillo desaforado y sin licencia, multas millonarias, órdenes de embargo...—, no habría levantado cabeza. Pero Rafael Gómez parece «aguantarlo todo». «Yo tengo siete vidas como los gatos», se ufanó socarrón ante los periodistas. Y la penúltima de ellas quiere emplearla en ser alcalde, decisión que tomó «hace veinte años», porque «tengo la obligación de hacerlo», a sus 66 años, dijo sacando los arrestos del «cabrero-pavero» que emigró a Francia sin un duro.
Es una vieja cuenta pendiente que tiene, confesó, antes de «irme de este mundo» y que coincide —no parece casual— con los reveses que está recibiendo en los tribunales a su pretensión de eludir el pago de la multa de 24,6 millones que pesa sobre las naves de Colecor.
El dueño de Arenal 2000 explotó ayer al máximo su condición de hombre «normal» y salido del pueblo, que cala a fondo en determinadas clases populares, a los que quiere cortejar con un discurso que mezcla el paternalismo y el populismo y que entronca con el gilismo.
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