Marta Sánchez Esparza (El Mundo)
Tema: Corrupción
Categoría: Noticias
El principal acusado en el juicio por el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, salió ayer al estrado y respondió, con seguridad y en apenas 50 minutos, a las preguntas del Ministerio Fiscal sobre la operación urbanística Crucero Banús. Roca reconoció su participación junto a Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito, y admitió que se embolsó 1,5 millones de euros que ingresó en una cuenta opaca suiza, y que nunca lo declaró al Fisco.
«Señor fiscal, si yo participo con dinero que es opaco a las autoridades españolas, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas», manifestó el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, que previamente había explicado al tribunal cómo se embarcó en la compraventa de la parcela de Puerto Banús objeto de investigación, aportando el 15% de los 4,3 millones de euros invertidos, por medio de cuatro cheques en moneda extranjera y 50.000 euros en efectivo.
«Eran cheques en moneda extranjera que tenía de una operación inmobiliaria que había hecho, y que conservaba para poder cambiarlos o usarlos», expuso Roca, que en un momento posterior del interrogatorio concretó que los citados cheques «eran de un banco americano», y procedían de la venta del 100% de la urbanización Los Altos de Guadalmina, en Marbella.
Con esos cheques, que él mismo calificó como «dinero opaco a las autoridades españolas», Roca abonó 742.000 euros para la compra de la sociedad Yambali, propietaria de los terrenos de Puerto Banús sobre los que se levantaba el centro comercial Cristamar. El grupo inversor, formado por Roca, San Agapito, Román y Hoffman, empleó para la operación una fiducia en Suiza, constituyendo la sociedad Lispag AG, en la que no aparecía el nombre de ninguno de ellos. Con dicha sociedad adquirieron las participaciones de Yambali, que posteriormente vendieron al constructor José Ávila Rojas -también acusado-, que les abonó seis millones de euros más de lo que ellos habían pagado.
Roca relató a la Sala que percibió su parte de los beneficios -1.548.039,66 euros- mediante una transferencia a una cuenta de la fundación Melifero, de la que él era beneficiario, radicada en Liechtenstein. «Yo tenía que depositar fondos de moneda extranjera», se justificó.
Los parámetros urbanísticos que iba a tener la parcela los definió el entonces alcalde, Jesús Gil y Gil, según mantuvo Roca. «El señor alcalde determinaba las condiciones siempre. La sociedad Planeamientos 2000 [de la que Roca era gerente] elevaba propuestas, pero hasta que no daba el visto bueno el alcalde ese convenio no se convertía en realidad», afirmó el acusado, que rechazó haber influido en algo para que se concediera la licencia urbanística pertinente.
«No existe ningún dato objetivo que permita pensar que Juan Antonio Roca influye para que se dé una licencia urbanística», subrayó, y refirió cómo Gil dio instrucciones precisas tras reunirse personalmente con Pedro Román.
Categoría: Noticias
El principal acusado en el juicio por el 'caso Malaya', Juan Antonio Roca, salió ayer al estrado y respondió, con seguridad y en apenas 50 minutos, a las preguntas del Ministerio Fiscal sobre la operación urbanística Crucero Banús. Roca reconoció su participación junto a Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito, y admitió que se embolsó 1,5 millones de euros que ingresó en una cuenta opaca suiza, y que nunca lo declaró al Fisco.
«Señor fiscal, si yo participo con dinero que es opaco a las autoridades españolas, difícilmente voy a declarar el beneficio a las autoridades españolas», manifestó el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, que previamente había explicado al tribunal cómo se embarcó en la compraventa de la parcela de Puerto Banús objeto de investigación, aportando el 15% de los 4,3 millones de euros invertidos, por medio de cuatro cheques en moneda extranjera y 50.000 euros en efectivo.
«Eran cheques en moneda extranjera que tenía de una operación inmobiliaria que había hecho, y que conservaba para poder cambiarlos o usarlos», expuso Roca, que en un momento posterior del interrogatorio concretó que los citados cheques «eran de un banco americano», y procedían de la venta del 100% de la urbanización Los Altos de Guadalmina, en Marbella.
Con esos cheques, que él mismo calificó como «dinero opaco a las autoridades españolas», Roca abonó 742.000 euros para la compra de la sociedad Yambali, propietaria de los terrenos de Puerto Banús sobre los que se levantaba el centro comercial Cristamar. El grupo inversor, formado por Roca, San Agapito, Román y Hoffman, empleó para la operación una fiducia en Suiza, constituyendo la sociedad Lispag AG, en la que no aparecía el nombre de ninguno de ellos. Con dicha sociedad adquirieron las participaciones de Yambali, que posteriormente vendieron al constructor José Ávila Rojas -también acusado-, que les abonó seis millones de euros más de lo que ellos habían pagado.
Roca relató a la Sala que percibió su parte de los beneficios -1.548.039,66 euros- mediante una transferencia a una cuenta de la fundación Melifero, de la que él era beneficiario, radicada en Liechtenstein. «Yo tenía que depositar fondos de moneda extranjera», se justificó.
Los parámetros urbanísticos que iba a tener la parcela los definió el entonces alcalde, Jesús Gil y Gil, según mantuvo Roca. «El señor alcalde determinaba las condiciones siempre. La sociedad Planeamientos 2000 [de la que Roca era gerente] elevaba propuestas, pero hasta que no daba el visto bueno el alcalde ese convenio no se convertía en realidad», afirmó el acusado, que rechazó haber influido en algo para que se concediera la licencia urbanística pertinente.
«No existe ningún dato objetivo que permita pensar que Juan Antonio Roca influye para que se dé una licencia urbanística», subrayó, y refirió cómo Gil dio instrucciones precisas tras reunirse personalmente con Pedro Román.
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