Tema: Corrupción
Categoría: Noticias
El ex edil de Marbella Pedro Román ha dicho hoy que la operación urbanística que, según la Fiscalía, le reportó 6 millones de euros de beneficios a él y a otros tres acusados en el "caso Malaya", dependía del mercado inmobiliario, y ha negado la influencia del principal procesado, Juan Antonio Roca.
Durante la tercera jornada de declaraciones de los procesados en este juicio, el mayor contra una trama de corrupción descubierta en España, ha continuado la comparecencia de Román, quien formó parte de la Corporación de Marbella entre 1991 y 1998, durante el mandato del GIL, y en el momento de la operación urbanística que se investiga (2001) trabajaba como promotor inmobiliario. El abogado de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular en este caso, ha preguntado a Román la posibilidad de que el convenio por el que se incrementó la edificabilidad de la parcela hubiese supuesto un conflicto de intereses para Roca, que supuestamente actuó como inversor y, al mismo tiempo, era gerente de la empresa municipal Planeamientos 2000.
A este respecto, Román ha reiterado que ya existía un convenio previo con el Ayuntamiento y ha aclarado que los beneficios o perjuicios de futuro "no dependían de Roca ni de nadie", sino de la evolución del mercado inmobiliario. Además, ha indicado que Roca, que se enfrenta a 30 años de prisión en esta causa y es considerado el presunto cerebro de la trama de corrupción, no cree que pudiera tener ninguna influencia. Román, que afronta una petición fiscal de 21 años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales y cinco delitos contra la Hacienda Pública, ha insistido en que no tenía ninguna sospecha de que el mencionado convenio tuviera algún tipo de ilegalidad, como tampoco sospechó de la procedencia de los fondos aportados por Roca o el ex comisario de Policía Florencio San Agapito.
Tras un minucioso interrogatorio por parte de la defensa del abogado Juan German Hoffman, también imputado en la causa, Román ha agradecido al letrado que aclarase a quién representaba, ya que debido al "énfasis" que había puesto "pensaba -ha dicho- que venía del otro lado". El ex edil ha señalado, a preguntas del abogado de su hija Pilar, que Roca pagó "lo que le correspondía con exactitud" respecto a esta operación, y también ha negado que hubiese recibido un "trato de favor" del GIL, partido fundado por el fallecido Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella.
Durante la intervención de la abogada de Roca, Román ha asegurado que en la reunión que mantuvo con este procesado para tratar del convenio urbanístico no hablaron de la licencia de obra para este proyecto relativo a la construcción de 114 viviendas. Al finalizar la comparecencia de este acusado, ha sido su hija Pilar Román -acusada de blanqueo de capitales- la que se ha sometido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, declaración en la que ha negado que participara en la constitución de la sociedad Lispag, ni en los negocios de su padre "en ningún aspecto".
Constituida en octubre de 2001 a través de administradores fiduciarios en Suiza, los supuestos inversores de la sociedad Lispag AG eran Román, con un 62,5 por ciento de participación, Roca y el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, con un 15 por ciento cada uno y Hoffmann, con un 7,5 por ciento.
Lispag fue constituida para hacerse con el capital de la sociedad española Yambali, propietaria a su vez de una parcela en Puerto Banús, que después transfirió el 90 por ciento de las acciones a dos sociedades propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, también imputado en esta causa. El juicio se reanudará el próximo lunes con la declaración del ex comisario de Policía Florencio San Agapito, acusado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por los que se enfrenta a nueve años de cárcel.
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El ex edil de Marbella Pedro Román ha dicho hoy que la operación urbanística que, según la Fiscalía, le reportó 6 millones de euros de beneficios a él y a otros tres acusados en el "caso Malaya", dependía del mercado inmobiliario, y ha negado la influencia del principal procesado, Juan Antonio Roca.
Durante la tercera jornada de declaraciones de los procesados en este juicio, el mayor contra una trama de corrupción descubierta en España, ha continuado la comparecencia de Román, quien formó parte de la Corporación de Marbella entre 1991 y 1998, durante el mandato del GIL, y en el momento de la operación urbanística que se investiga (2001) trabajaba como promotor inmobiliario. El abogado de la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación popular en este caso, ha preguntado a Román la posibilidad de que el convenio por el que se incrementó la edificabilidad de la parcela hubiese supuesto un conflicto de intereses para Roca, que supuestamente actuó como inversor y, al mismo tiempo, era gerente de la empresa municipal Planeamientos 2000.
A este respecto, Román ha reiterado que ya existía un convenio previo con el Ayuntamiento y ha aclarado que los beneficios o perjuicios de futuro "no dependían de Roca ni de nadie", sino de la evolución del mercado inmobiliario. Además, ha indicado que Roca, que se enfrenta a 30 años de prisión en esta causa y es considerado el presunto cerebro de la trama de corrupción, no cree que pudiera tener ninguna influencia. Román, que afronta una petición fiscal de 21 años de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales y cinco delitos contra la Hacienda Pública, ha insistido en que no tenía ninguna sospecha de que el mencionado convenio tuviera algún tipo de ilegalidad, como tampoco sospechó de la procedencia de los fondos aportados por Roca o el ex comisario de Policía Florencio San Agapito.
Tras un minucioso interrogatorio por parte de la defensa del abogado Juan German Hoffman, también imputado en la causa, Román ha agradecido al letrado que aclarase a quién representaba, ya que debido al "énfasis" que había puesto "pensaba -ha dicho- que venía del otro lado". El ex edil ha señalado, a preguntas del abogado de su hija Pilar, que Roca pagó "lo que le correspondía con exactitud" respecto a esta operación, y también ha negado que hubiese recibido un "trato de favor" del GIL, partido fundado por el fallecido Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella.
Durante la intervención de la abogada de Roca, Román ha asegurado que en la reunión que mantuvo con este procesado para tratar del convenio urbanístico no hablaron de la licencia de obra para este proyecto relativo a la construcción de 114 viviendas. Al finalizar la comparecencia de este acusado, ha sido su hija Pilar Román -acusada de blanqueo de capitales- la que se ha sometido a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, declaración en la que ha negado que participara en la constitución de la sociedad Lispag, ni en los negocios de su padre "en ningún aspecto".
Constituida en octubre de 2001 a través de administradores fiduciarios en Suiza, los supuestos inversores de la sociedad Lispag AG eran Román, con un 62,5 por ciento de participación, Roca y el ex comisario de Policía Florencio San Agapito, con un 15 por ciento cada uno y Hoffmann, con un 7,5 por ciento.
Lispag fue constituida para hacerse con el capital de la sociedad española Yambali, propietaria a su vez de una parcela en Puerto Banús, que después transfirió el 90 por ciento de las acciones a dos sociedades propiedad del empresario granadino José Ávila Rojas, también imputado en esta causa. El juicio se reanudará el próximo lunes con la declaración del ex comisario de Policía Florencio San Agapito, acusado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por los que se enfrenta a nueve años de cárcel.
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