Tema: Democracia
Categoría: Opinión y análisis
El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la proposición de ley firmada por el PSOE y el PP, junto a los nacionalistas catalanes y vascos, con la que se procede a una revisión de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985, para lo cual se han recogido acuerdos adoptados en la subcomisión del Congreso, presidida por Alfonso Guerra, que ha estado dos años trabajando en los posibles cambios.
Sin embargo, no prosperaron las propuestas para reformar en profundidad el sistema electoral, que afectaban a la proporcionalidad, planteadas por IU y UPyD, por el veto de los cuatro grandes grupos parlamentarios, que son precisamente los beneficiados por la actual Ley Electoral.
Se trata, por tanto, de un nuevo fraude, de una mera cirugía estética del sistema, tras varios años de debate y propaganda. Las formaciones perjudicadas por la legislación vigente han vuelto a mostrar su disconformidad total con la proposición de Ley al considerarla insuficiente porque no entra en la proporcionalidad del sistema. Los continuos fracasos de los intentos de reformar en profundidad el sistema electoral nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Es posible reformar nuestro sistema electoral para hacerlo más proporcional?
Para que un sistema político sea verdaderamente democrático debe dirigirse a lograr en la mayor medida que se pueda que el parlamento refleje la soberana voluntad popular. Sin embargo, se suele aceptar que una ley electoral no se diseñe únicamente atendiendo a la proporcionalidad existente entre el número de votos de las respectivas formaciones políticas y el número de escaños que cada una de ellas obtiene en el Parlamento.
En ese sentido nuestro actual sistema electoral es un fruto de la transición, que se diseñó para restar influencia al Partido Comunista de España (PCE), contentar e integrar en el sistema a los partidos nacionalistas periféricos, especialmente a catalanes y vascos, e introducir un sesgo que beneficiara a la derecha en todos los procesos electorales, por eso no arroja unos resultados proporcionales
La distribución de escaños entre circunscripciones es proporcionalmente injusta, y las diferencias entre el porcentaje de votos y el de escaños de cada partido evidentes, fundamentalmente en el caso de Izquierda Unida que se ve enormemente perjudicada por el actual sistema. Nos debemos mover entonces dentro de la línea imaginaria que discurre entre los sistemas proporcionales y los que pretenden propiciar mayorías ficticias que no tienen el respaldo de una mayoría de votantes.
La Constitución Española establece la provincialidad de las circunscripciones y la aplicación en ellas de la ley D´Hondt, una ley que, aunque se basa en la proporcionalidad, es tanto menos fiel a ella como reducido sea el número de escaños asignado a una circunscripción provincial.
Además, como es sabido, no hay una relación de proporcionalidad directa entre la población provincial y los escaños asignados, ya que todas las circunscripciones (excepto Ceuta y Melilla) reparten dos escaños además de los que le corresponden por su población, lo que tergiversa de antemano el carácter proporcional del sistema.
El actual sistema electoral provoca una desproporción entre votos y escaños según se trate de unas u otras formaciones políticas. Así, la desviación de la ratio votos/escaños llegó a ser hasta de más del 300% en el caso de IU; esto es, los votos a determinadas formaciones valieron hasta más de tres veces de lo que valieron los obtenidos por IU.
El grado de proporcionalidad no sólo depende del tamaño de la circunscripción, sino también del sistema de reparto proporcional de escaños que se emplee. Conforme a la ley D'Hondt, los resultados de cada formación política se dividen sucesivamente. Ahora bien, tales cifras divisoras pueden ir distanciándose, con lo que se logra una mayor proporcionalidad. Por ejemplo, el sistema de Saint-Lagüe establece que los divisores sucesivos sean los números impares y ha sido acogido en los países escandinavos para beneficiar especialmente a las formaciones políticas de tamaño medio.
Por otro lado, el actual sistema electoral favorece el carácter oligárquico de los partidos, ya que no existen listas abiertas y son los órganos dirigentes los que deciden quienes reciben las actas de diputado situando a sus candidatos en los primeros lugares de las listas de cada circunscripción electoral. Estas deben votarse íntegramente (sin poder excluir a ningún integrante de la lista) y piramidalmente (sin poder alterar el orden de asignación de escaños siguiendo la ley D´Hondt). De esta forma, la correspondencia entre la voluntad de los votantes y los parlamentarios elegidos se distancia al depender excesivamente de las decisiones previas de las direcciones de los partidos.
Por todo esto, no es extraño que los partidos mayoritarios, PSOE y PP, junto a los nacionalistas de CiU y PNV, registraran en la Cámara Baja una proposición de Ley que, en lo sustancial, no cambia nada del sistema electoral, manteniendo el “status quo” actual. Desde el principio se trabajó con el criterio de excluir propuestas que impliquen modificaciones de la Constitución Española y permitir únicamente aquellos cambios que contasen con amplio consenso, es decir, no se admitirían cambios de fondo, sólo aquellos que no perjudiquen a los partidos mayoritarios, como finalmente ocurrió.
Todo esto hizo, como hemos dicho, que no prosperaran las propuestas de reformas en profundidad de la proporcionalidad del sistema electoral que planteaban IU y UPyD, las principales fuerzas políticas perjudicadas, junto a los andalucistas, por la actual legislación electoral.
La reforma aprobada se limita a simplificar la papeleta del senado, la eliminación de publicidad política en precampaña, la exigencia de un aval a las formaciones sin representación parlamentaria para volver a presentarse, la reducción de los gastos electorales, la congelación de las subvenciones a los partidos, la exclusión de residentes en el extranjero en las elecciones locales, etc.
La tendencia de las formaciones mayoritarias a inmovilizar más que a reformar la Ley Electoral comporta que esta sea únicamente objeto de modificaciones parciales o limitadas que raramente afectan a los aspectos políticamente más sensibles de aquellas. No se vislumbra, ni siquiera a medio plazo, ni las condiciones ni el consenso suficiente para la modificación de elementos fundamentales como el número de diputados a elegir, la reducción o eliminación del numero inicial de diputados por circunscripción, y menos para introducir mayor proporcionalidad en el sistema.
Por otro lado, los partidos políticos mayoritarios se encuentran satisfechos con el sistema electoral puesto que son los principales beneficiarios de las actuales reglas del juego. Además, la reforma del sistema electoral requiere de un amplio consenso entre los grupos políticos, ya que sería necesaria la modificación de leyes fundamentales, de la Constitución Española, que por el procedimiento y por su significado simbólico parecen intocables.
La reforma aprobada, el fraude pactado por los cuatro grandes grupos parlamentarios (PSOE, PP, CIU y PNV), demuestra que por el momento no existen condiciones favorables para que se puedan materializar propuestas de reformas profundas que afecten a la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. En conclusión, parece evidente que no es posible reformar nuestro sistema electoral para hacerlo más proporcional, en definitiva, para hacerlo más democratico, pues ese sería el objetivo, si previamente no cambiamos los fundamentos de nuestro sistema político.
Quizá el único cambio posible a medio plazo, viable en otra coyuntura distinta a la actual, y que alteraría la proporcionalidad sin tener que reformar la Constitución (porque esa posibilidad ya esta incluida en la misma) sería aumentar el número de diputados de 350 hasta 400, lo que haría que las circunscripciones fueran menos pequeñas. La medida, en un contexto de crisis como este, sería interpretada como un gasto innecesario y contraria a la austeridad que ahora se preconiza, y que se aplica tan sólo para recortar derechos sociales.
La reforma, que cosechó el voto en contra de ERC-IU-ICV, UPyD y BNG, se remitirá ahora al Senado para culminar su tramitación parlamentaria en la sesión extraordinaria que la Cámara Alta celebrará el 18 de enero. De ahí irá al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aplicación ya en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011.
David Arrabalí es Analista Político, miembro del Consejo de Redacción de Mundo Obrero y magister en Materialismo Histórico y Teoría Crítica por la UCM.
Categoría: Opinión y análisis
El Pleno del Congreso ha aprobado este martes la proposición de ley firmada por el PSOE y el PP, junto a los nacionalistas catalanes y vascos, con la que se procede a una revisión de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 1985, para lo cual se han recogido acuerdos adoptados en la subcomisión del Congreso, presidida por Alfonso Guerra, que ha estado dos años trabajando en los posibles cambios.
Sin embargo, no prosperaron las propuestas para reformar en profundidad el sistema electoral, que afectaban a la proporcionalidad, planteadas por IU y UPyD, por el veto de los cuatro grandes grupos parlamentarios, que son precisamente los beneficiados por la actual Ley Electoral.
Se trata, por tanto, de un nuevo fraude, de una mera cirugía estética del sistema, tras varios años de debate y propaganda. Las formaciones perjudicadas por la legislación vigente han vuelto a mostrar su disconformidad total con la proposición de Ley al considerarla insuficiente porque no entra en la proporcionalidad del sistema. Los continuos fracasos de los intentos de reformar en profundidad el sistema electoral nos lleva a la siguiente pregunta: ¿Es posible reformar nuestro sistema electoral para hacerlo más proporcional?
Para que un sistema político sea verdaderamente democrático debe dirigirse a lograr en la mayor medida que se pueda que el parlamento refleje la soberana voluntad popular. Sin embargo, se suele aceptar que una ley electoral no se diseñe únicamente atendiendo a la proporcionalidad existente entre el número de votos de las respectivas formaciones políticas y el número de escaños que cada una de ellas obtiene en el Parlamento.
En ese sentido nuestro actual sistema electoral es un fruto de la transición, que se diseñó para restar influencia al Partido Comunista de España (PCE), contentar e integrar en el sistema a los partidos nacionalistas periféricos, especialmente a catalanes y vascos, e introducir un sesgo que beneficiara a la derecha en todos los procesos electorales, por eso no arroja unos resultados proporcionales
La distribución de escaños entre circunscripciones es proporcionalmente injusta, y las diferencias entre el porcentaje de votos y el de escaños de cada partido evidentes, fundamentalmente en el caso de Izquierda Unida que se ve enormemente perjudicada por el actual sistema. Nos debemos mover entonces dentro de la línea imaginaria que discurre entre los sistemas proporcionales y los que pretenden propiciar mayorías ficticias que no tienen el respaldo de una mayoría de votantes.
La Constitución Española establece la provincialidad de las circunscripciones y la aplicación en ellas de la ley D´Hondt, una ley que, aunque se basa en la proporcionalidad, es tanto menos fiel a ella como reducido sea el número de escaños asignado a una circunscripción provincial.
Además, como es sabido, no hay una relación de proporcionalidad directa entre la población provincial y los escaños asignados, ya que todas las circunscripciones (excepto Ceuta y Melilla) reparten dos escaños además de los que le corresponden por su población, lo que tergiversa de antemano el carácter proporcional del sistema.
El actual sistema electoral provoca una desproporción entre votos y escaños según se trate de unas u otras formaciones políticas. Así, la desviación de la ratio votos/escaños llegó a ser hasta de más del 300% en el caso de IU; esto es, los votos a determinadas formaciones valieron hasta más de tres veces de lo que valieron los obtenidos por IU.
El grado de proporcionalidad no sólo depende del tamaño de la circunscripción, sino también del sistema de reparto proporcional de escaños que se emplee. Conforme a la ley D'Hondt, los resultados de cada formación política se dividen sucesivamente. Ahora bien, tales cifras divisoras pueden ir distanciándose, con lo que se logra una mayor proporcionalidad. Por ejemplo, el sistema de Saint-Lagüe establece que los divisores sucesivos sean los números impares y ha sido acogido en los países escandinavos para beneficiar especialmente a las formaciones políticas de tamaño medio.
Por otro lado, el actual sistema electoral favorece el carácter oligárquico de los partidos, ya que no existen listas abiertas y son los órganos dirigentes los que deciden quienes reciben las actas de diputado situando a sus candidatos en los primeros lugares de las listas de cada circunscripción electoral. Estas deben votarse íntegramente (sin poder excluir a ningún integrante de la lista) y piramidalmente (sin poder alterar el orden de asignación de escaños siguiendo la ley D´Hondt). De esta forma, la correspondencia entre la voluntad de los votantes y los parlamentarios elegidos se distancia al depender excesivamente de las decisiones previas de las direcciones de los partidos.
Por todo esto, no es extraño que los partidos mayoritarios, PSOE y PP, junto a los nacionalistas de CiU y PNV, registraran en la Cámara Baja una proposición de Ley que, en lo sustancial, no cambia nada del sistema electoral, manteniendo el “status quo” actual. Desde el principio se trabajó con el criterio de excluir propuestas que impliquen modificaciones de la Constitución Española y permitir únicamente aquellos cambios que contasen con amplio consenso, es decir, no se admitirían cambios de fondo, sólo aquellos que no perjudiquen a los partidos mayoritarios, como finalmente ocurrió.
Todo esto hizo, como hemos dicho, que no prosperaran las propuestas de reformas en profundidad de la proporcionalidad del sistema electoral que planteaban IU y UPyD, las principales fuerzas políticas perjudicadas, junto a los andalucistas, por la actual legislación electoral.
La reforma aprobada se limita a simplificar la papeleta del senado, la eliminación de publicidad política en precampaña, la exigencia de un aval a las formaciones sin representación parlamentaria para volver a presentarse, la reducción de los gastos electorales, la congelación de las subvenciones a los partidos, la exclusión de residentes en el extranjero en las elecciones locales, etc.
La tendencia de las formaciones mayoritarias a inmovilizar más que a reformar la Ley Electoral comporta que esta sea únicamente objeto de modificaciones parciales o limitadas que raramente afectan a los aspectos políticamente más sensibles de aquellas. No se vislumbra, ni siquiera a medio plazo, ni las condiciones ni el consenso suficiente para la modificación de elementos fundamentales como el número de diputados a elegir, la reducción o eliminación del numero inicial de diputados por circunscripción, y menos para introducir mayor proporcionalidad en el sistema.
Por otro lado, los partidos políticos mayoritarios se encuentran satisfechos con el sistema electoral puesto que son los principales beneficiarios de las actuales reglas del juego. Además, la reforma del sistema electoral requiere de un amplio consenso entre los grupos políticos, ya que sería necesaria la modificación de leyes fundamentales, de la Constitución Española, que por el procedimiento y por su significado simbólico parecen intocables.
La reforma aprobada, el fraude pactado por los cuatro grandes grupos parlamentarios (PSOE, PP, CIU y PNV), demuestra que por el momento no existen condiciones favorables para que se puedan materializar propuestas de reformas profundas que afecten a la proporcionalidad de nuestro sistema electoral. En conclusión, parece evidente que no es posible reformar nuestro sistema electoral para hacerlo más proporcional, en definitiva, para hacerlo más democratico, pues ese sería el objetivo, si previamente no cambiamos los fundamentos de nuestro sistema político.
Quizá el único cambio posible a medio plazo, viable en otra coyuntura distinta a la actual, y que alteraría la proporcionalidad sin tener que reformar la Constitución (porque esa posibilidad ya esta incluida en la misma) sería aumentar el número de diputados de 350 hasta 400, lo que haría que las circunscripciones fueran menos pequeñas. La medida, en un contexto de crisis como este, sería interpretada como un gasto innecesario y contraria a la austeridad que ahora se preconiza, y que se aplica tan sólo para recortar derechos sociales.
La reforma, que cosechó el voto en contra de ERC-IU-ICV, UPyD y BNG, se remitirá ahora al Senado para culminar su tramitación parlamentaria en la sesión extraordinaria que la Cámara Alta celebrará el 18 de enero. De ahí irá al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su aplicación ya en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011.
David Arrabalí es Analista Político, miembro del Consejo de Redacción de Mundo Obrero y magister en Materialismo Histórico y Teoría Crítica por la UCM.
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