Tema: Argentina
Categoría: Noticias
Con trabajadores de otros ferrocarriles, el partido “Obrero” realizó el corte en Avellaneda que provocó los disturbios en Constitución. Sobre el grave problema del acceso a la tierra urbana se montan otras operaciones políticas de desgaste. Tanto los obreristas como el ex senador Duhalde intentan revivir las jornadas de diciembre de 2001, pero sólo logran conatos aislados y fugaces, en un país volcado al consumo y el esparcimiento.
Los trabajadores tercerizados de la línea Roca que negocian su incorporación plena a la empresa ferroviaria no participaron en el corte de vías del jueves a la altura de Avellaneda. El acampe en las vías fue organizado por un pequeño grupo de dirigentes del partido “Obrero”, que trajo para ello a trabajadores tercerizados de otras líneas. El corte interrumpió el servicio y dio lugar a bien preparados disturbios en Constitución, cuando los obreros que intentaban regresar a sus casas llegaron a la terminal y fueron informados de que no corrían los trenes. Un compacto grupo de jóvenes comenzó la pedrea, a la que luego se sumaron algunos pasajeros, indignados por la imposibilidad de viajar. No queda claro si los primeros atacantes pertenecían al mismo grupo que los responsables del corte, porque actuaron sin ninguna identificación ostensible y porque en general el partido “Obrero” reivindica sus acciones.
- Mil y sesenta.
El 20 de octubre, luego de un similar intento de corte fue asesinado el estudiante Mariano Ferreyra y herida la trabajadora informal Elsa Rodríguez. La conmoción por el episodio aceleró las negociaciones que esos trabajadores venían realizando en el ministerio de Trabajo de la Nación. En esa mesa se había acordado que el lunes 20 el ministerio firmaría la resolución por la cual a partir del 1 de enero un millar de trabajadores tercerizados pasarían a la planta permanente de la empresa principal. En varias de las cooperativas truchas creadas para reducir costos laborales participan familiares de dirigentes del gremio, como su secretario general desde hace dos décadas José Pedraza. Los trabajadores cobran la mitad que los ferroviarios legales. La diferencia la paga el subsidio estatal y la embolsan los sindicalistas empresarios. Sólo se prolonga el desacuerdo sobre sesenta personas que, según la empresa, no pueden pasar a la planta permanente porque la limpieza de los baños que realizan es retribuida por las propinas de los usuarios. El Ministerio de Trabajo propuso prorrogar el plazo para el análisis de estos sesenta casos hasta el último día de este año. El resto de los trabajadores tercerizados del Roca ya llenaron los papeles requeridos y pasaron por la revisación médica correspondiente. La firma del documento de alta temprana, que formalizará su carácter de empleados de planta del Estado, estaba prevista para el lunes 20 pero se corrió una semana, aunque sin alterar el momento de la incorporación efectiva. Por eso los trabajadores del Roca habían resuelto aguardar hasta mañana, lunes 27, sin nuevas medidas de fuerza. El partido “Obrero” no aceptó la demora y organizó el corte en Avellaneda con trabajadores tercerizados de las líneas Belgrano Sur y Mitre. El empleado de la Legislatura porteña Néstor Pitrola, que dirige esa agrupación de la clase media radicalizada, participó de los encuentros de urgencia realizados en el Ministerio de Trabajo mientras la temperatura subía hasta los 35° C y aumentaba la afluencia de público a Constitución. Siete dirigentes y activistas de la Unión Ferroviaria están detenidos y procesados por el asesinato de Ferreyra, y la jueza Susana Wilma López debe decidir sobre el pedido de procesamiento del propio Pedraza, formulado por la fiscal Cristina Caamaño antes de pedir licencia para asumir como Secretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Seguridad. Esa designación no parece confirmar las consignas del partido “Obrero” acerca de una presunta complicidad del gobierno nacional con Pedraza.
- Visera, mochila y pañuelo.
Pitrola se levantó de la mesa de negociación a las 18 del jueves, sin que se hubiera llegado a un acuerdo. Minutos después unos veinte hombres jóvenes, que llevaban gorros con visera que dificultaban su identificación, mochilas aptas para cargar piedras y en muchos casos pañuelos poco apropiados para el clima tórrido pero convenientes para cubrirse el rostro, comenzaron a apedrear los cerrados accesos a la terminal ferroviaria, donde una reducida guardia de infantería de la Policía Federal les cerraba el paso. Esa escasa fuerza les vedó el acceso a la estación pero fue insuficiente para impedir que saquearan algunos locales de calzado y de venta de bebidas, cuyas botellas fueron empleadas como proyectiles. Ese grupo emblemático de la paleoizquierda fue pionero de las candidaturas testimoniales y está en campaña contra el gobierno nacional por la ley electoral que las prohíbe, al exigir un piso mínimo de votos que los obreristas no alcanzan. Dada su pureza ideológica les resulta imposible aliarse con otras fuerzas afines, a las que combaten con el mayor entusiasmo. El partido “Obrero” intenta reeditar cada 20 de diciembre las violentas jornadas de 2001. En el aniversario de 2003 un explosivo hizo volar un cesto de papeles en la Plaza de Mayo y causó heridas a 26 manifestantes. Pitrola lo atribuyó al gobierno, pero el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía afirmó que se trató de un autoatentado, dentro de un programa de agitación dirigido a desestabilizar al entonces flamante gobierno de Néstor Kirchner, e involucró en el intento al ex senador Eduardo Duhalde. Hoy como entonces, las sospechas sobre el origen de los actos violentos se van hacia esas direcciones. A ello contribuyó la elección del 20 de diciembre como fecha de lanzamiento de la candidatura presidencial de Duhalde, cuya principal oferta proselitista es el orden alcanzado por medio de la represión.
- El discurso del método.
En el acto de lanzamiento, al que asistió la esposa castrense Cecilia Pando, que considera presos políticos a los militares procesados, Duhalde coincidió en dos puntos centrales con otro político que ocupó la casa de gobierno sin el auspicio de la voluntad popular, Jorge Rafael Videla, quien leyó su alegato ante el Tribunal Federal que lo juzgó por el asesinato de 31 presos políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. Para ambos cultores del hecho consumado los juicios por crímenes de lesa humanidad no son un acto de justicia sino de venganza y la violencia estatal es el principio fundante de la convivencia colectiva. Videla se jactó de haber prestado un “inestimable servicio a la nación agredida facilitando el restablecimiento del orden republicano democrático”. Duhalde dijo que el gobierno había traído la violencia y que él reimplantaría el orden por medio de la represión. Ninguno ha aprendido ni olvidado nada, como el vizconde Chateaubriand decía de los Borbones después de la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón. El ex dictador citó el fallo de la Cámara Federal que lo condenó en 1985 para decir que el país vivió una guerra revolucionaria. Pero también recurrió a la justificación teológica, invocando a Santo Tomás de Aquino para caracterizar la represión generalizada que se desató sobre el país como una “guerra justa”. Todo ello fue refutado hace ya 25 años. Los jueces Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio dijeron entonces que luego de estudiar las disposiciones del derecho de la guerra convencional y de la guerra revolucionaria o subversiva no encontraron ni una sola regla que justificara o exculpara a los autores de los hechos juzgados, ya que el homicidio, la tortura, el robo, el daño indiscriminado, la privación ilegal de la libertad “son antijurídicos para el derecho interno argentino. Son contrarios al derecho de gentes. No encuentran justificación en las normas de cultura. No son un medio justo para un fin justo. Contravienen principios éticos y religiosos”.
- Una pequeña diferencia.
Un inconveniente difícil de salvar para este volver a vivir que intentan el partido “Obrero” y Duhalde reside en las ostensibles diferencias entre aquel diciembre y éste. Entonces, el establecimiento de un corralito bancario que dejó sin ingresos al sector informal de la economía culminó en forma estrepitosa una recesión de tres años, que destruyó millones de puestos de trabajo y endeudó al país. Los saqueos generalizados de entonces fueron un recurso de última instancia para proveerse de alimentos por parte de personas que en el mes previo habían perdido los precarios empleos con los que sobrevivían. El sindicalismo carecía de peso político y su resistencia a la desprotección de los trabajadores se limitaba a denuncias como la de Hugo Moyano sobre la compra de votos para la aprobación de la ley de precarización laboral. Ahora la desocupación ha retrocedido a niveles de hace tres décadas. La alta inflación no ha hecho mermar el consumo, que bate records cada mes, lo mismo que la producción industrial y la construcción, mientras el país reduce la deuda externa como porcentaje del PIB a su mínimo histórico desde el empréstito Baring de 1826. La Asignación Universal por Hijo se constituyó en el plan de transferencia de ingresos más significativo de la región, según el juicio del organismo de las Naciones Unidas para la región. En 2001 se vivía además una profunda crisis política. Consecuencia de tres gobiernos sucesivos que llegaron al poder con promesas que abandonaron al día siguiente de asumir para dedicarse a viabilizar las políticas de ajuste dictadas por el consenso de Washington, se había impuesto un descreimiento absoluto de la política y de las instituciones. La abstención en los comicios de octubre de aquel año fue la más alta desde que se llevan registros, mientras se instalaba la exigencia de una renovación total de la clase política, en la penetrante consigna “Que se vayan todos”. Ante la imposibilidad de ejercer cualquier control político, el gobierno de la UCR ordenó la represión de las movilizaciones, sin asegurarse de qué forma la ejecutaban las fuerzas policiales y de seguridad, lo cual provocó cuatro decenas de muertos en todo el país.
- Se fueron todos.
Desde entonces, se fueron casi todos: sólo 27 diputados y senadores actuales ya lo eran en 2001, cruzaron de cámara o fueron sucedidos por un familiar, es decir apenas el 8,2 por ciento. Pero además de la renovación de personal, se produjeron cambios sustanciales de política, que obtienen diferentes respuestas de la sociedad. La frase tantas veces reiterada por Kirchner de que no había llegado a la presidencia para dejar en la puerta sus convicciones está en la base de una recuperación de la estima social por la política como instrumento de transformación, aunque para ello deba confrontar con los poderes fácticos que añoran la situación anterior. Luego de la descontrolada represión en el desalojo del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas, la presidente CFK ratificó la consigna de su antecesor en contra del empleo de armas de fuego ante manifestaciones y encaró la postergada reforma de las instituciones policiales, con la creación del Ministerio de Seguridad y la designación a cargo de Nilda Garré. Esa directiva no está exenta de desajustes, como los que se vieron el jueves en Constitución, cuando la pistola reglamentaria de un policía de civil de la comisaría del barrio asomó por debajo de la camisa que usaba para mimetizarse con los manifestantes y detener a quienes arrojaban piedras. Pero no hay comparación posible entre esa situación, que Garré detectó y corregirá, y la de 2001, cuando ni se ponía en tela de juicio el empleo de esos medios letales para enfrentar a personas furiosas pero desarmadas, que no pedían una vivienda o un transporte dignos, sino comer cada día.
- Tierra en el ojo.
Al cabo de tres semanas de conflicto, comienza a advertirse que el problema básico sobre el que se montan las operaciones políticas de desgaste no es el de la vivienda sino el del acceso a la tierra urbana. Nunca antes el Estado había construido tantas viviendas como en los últimos siete años. Sin embargo, esto no es suficiente, así como el crecimiento macroeconómico y la vertical reducción del desempleo no bastaron para acabar con el núcleo duro de la pobreza, que requiere de otro tipo de intervenciones. El mercado ha hecho la asignación menos eficiente de un bien escaso como el suelo. Los barrios cerrados ocupan el doble de la superficie que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero viven en ellos 15 veces menos de personas. El hecho es que en las villas de la Capital se ha agotado la tierra disponible y en las del Gran Buenos Aires escasea. Esto se observa tanto en las construcciones en altura, con edificios de hasta cinco pisos en Retiro, como en la especulación inmobiliaria, por la que los alquileres en esos asentamientos tienden a converger con los del resto de la ciudad, de modo que sus precios quedan fuera del alcance de muchos presupuestos. Este conocimiento debería servir para encontrar la solución. La investigación del juez federal Daniel Rafecas sobre la ocupación del Club Albariño avanza en esa dirección: tanto los detenidos como el prófugo forman parte de una organización especializada en la intrusión de terrenos para construir y alquilar. El primer detenido, Guillermo Ramón Ferreira, maneja un centro comunitario de Ciudad Oculta, a doscientos metros del Club Albariño, que de día presta servicios sociales y de noche se convierte en bailanta. Parte de su poder deriva de su trabajo como capataz de obras, por lo cual cada día decide quiénes ganarán un jornal. El segundo detenido, Reinaldo Silvero González, ya había encabezado otra toma de tierras en Ciudad Oculta, hace tres años. Además de usurpación deberá responder por lavado de dinero: cuando lo atraparon conducía una carísima camioneta doble cabina último modelo. Además de los setenta lotes para viviendas que esperaban obtener de la ocupación sus planes incluían la construcción de otro centro comunitario/bailanta. El prófugo, Regino Acevedo, cobró hasta 2008 del gobierno de la Ciudad y forma parte del Movimiento Social Metropolitano, rama villera del PRO. Esto le permite decidir sobre la asignación de las pocas viviendas que ha construido la Corporación Buenos Aires Sur durante la administración de Maurizio Macrì. El presidente de la Corporación es el dirigente duhaldista Humberto Schiavoni, quien fue jefe de gabinete de ministros durante el fugaz interinato presidencial de Ramón Puerta y hoy es jefe de campaña de Macrì. Otros de los dirigentes del MSM aparecen en las fotos de esta página (ver aquí) en compañía del jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, del legislador Enzo Pagani y del titular de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), Federico Angelini. Ellos son Adrián César Garay, de la Villa 1-11-14, del Bajo Flores, y Blanca Arce, quienes junto con el prófugo Acevedo forman parte del grupo que dirige Miguel Angel Rodríguez, a quien llaman “El Turco” o “El Comandante”, quien explota todo tipo de negocios ilegales vinculados con el gobierno de la Ciudad desde los tiempos de Carlos Grosso. Ahora es el turno del PRO. Angelini es rosarino pero proviene del bussismo y llegó al macrismo a través del ex legislador tucumano Pablo Walter, asesor del ministro Esteban Bullrich. Las fotos fueron publicadas en su muro virtual por un asesor de Angelini, Sebastián Fernández Cerdeña. Rodríguez debió renunciar a un empleo formal en el área de Vivienda de la Ciudad cuando se reveló que había sido condenado a una pena de prisión por la venta ilegal de licencias de taxis. Pero siguió vinculado en forma menos ostensible, a través del legislador Pagani. La UGIS también paga trabajos de mantenimiento en las villas, que se asignan a las empresas que organizan o controlan esos punteros. El macrismo no sólo mantiene nexos con los ocupantes, sino también con los denominados vecinos de Lugano que reclaman la desocupación del club y que agredieron con bombas incendiarias, nafta y neumáticos a las fuerzas policiales que formaron un cerco para separar a ambos bandos. El presidente del Club Albariño es Jorge Sampedro, Corea, el histórico culata de la UOM que acompañaba a José Rucci en el último minuto de su vida. Su Unidad Básica está a pocos metros del club ocupado. Varios de los torturados a golpes en el Hotel Internacional de Ezeiza el 20 de junio de 1973 lo señalaron como el responsable, cargo que el ex boxeador Corea niega. Su hermano Alfredo Sampedro tiene una empresa constructora y su jefe político es el duhaldista Eduardo Rollano. En tiempos de Grosso, Alfredo Sampedro tuvo una pelea a cuchillo con un pariente de Julio Carlos Capella, el hombre de la fotografía que avanzaba armado sobre los ocupantes del Parque Indoamericano. Algunos dicen que el duelo ocurrió con su padre, Carlos Roberto Capella, empleado del Club Atlético Boca Juniors y del gobierno de la Ciudad, pero otros señalan que fue con su tío, Jorge Luis Capella, quien trabaja en la Dirección Nacional de Migraciones en la misma sección que Victoria Giovenco, la hija del guardaespaldas de la UOM que murió en 1974 cuando le estalló un explosivo que intentaba colocar. También forma parte del grupo de Corea el ex legislador Carlos Elías, El Chapa. Su hijo, Chapita Elías, es uno de los responsables de la zona sur designado por el macrismo. Este entramado de relaciones políticas y personales es parte del universo de Lugano y Mataderos que responde a Cristian Ritondo, de privilegiada relación con la comisaría 48 de la Policía Federal, que ya padeció el relevo de dos sucesivos jefes. Ritondo es el heredero político de Miguel Ángel Tomanzano, si tal cosa puede decirse en serio. De ambos dependió Migraciones durante el interinato presidencial de Duhalde. Ritondo es legislador de PRO, pero asistió al lanzamiento de la campaña presidencial de Duhalde. Del acuerdo también participa el primo inteligente del jefe de gobierno, Jorge Macrì, el principal partidario de una alianza electoral. Esta semana tuvo un almuerzo público con la esposa de José Luis Barrionuevo para discutir en qué condiciones, dado que ambos jefes aspiran al mismo sitial. Junto con Pagani, Ritondo elaboró el proyecto de escrituración de tierras ocupadas en las villas que fue la señal de largada para las ocupaciones de diciembre.
- El debate Nº 41.
Con las condenas a Videla y Luciano Menéndez y con las absoluciones pronunciadas en Córdoba llegan a 41 los debates de juicio concluidos desde que se reabrieron los procesos. Sólo el 10 por ciento de los 1656 imputados ha recibido condena. Pero además de esos 166 condenados, hay otros 389 detenidos bajo proceso, hasta llegar a un total de 555. Permanecen en libertad 807, hay 37 prófugos y 257 murieron antes de la sentencia, según los cálculos del CELS. En 2010 la Cámara de Diputados votó por unanimidad (cosa excepcional dada la fuerte polarización existente) una declaración en la que llamó a la política de memoria y justicia “una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto”. Y la Corte Suprema de Justicia declaró que los juicios por crímenes de lesa humanidad “no dependen de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté” sino que forman parte “del contrato social de los argentinos”. Este año la actividad judicial por esos crímenes se extendió a Santa Fe, Salta, la Capital Federal, Córdoba, Rosario, San Martín, Mar del Plata, Tucumán, La Rioja, La Plata, Santiago del Estero, Mendoza, San Rafael y La Pampa. Sin embargo, sólo ocho sentencias han sido confirmadas por la Cámara Nacional de Casación Penal y apenas tres por la Corte Suprema de Justicia, en los casos de Julio Simón, Miguel Etchecolatz y el sacerdote católico Christian von Wernich. Si todo siguiera a este ritmo, cansino a pesar de su aceleración reciente, la proporción de muertos antes de la sentencia en relación a los condenados, que hoy es de 1,55, no cesaría de crecer. Y otro tanto pasaría entre las víctimas y sus familiares.
Categoría: Noticias
Con trabajadores de otros ferrocarriles, el partido “Obrero” realizó el corte en Avellaneda que provocó los disturbios en Constitución. Sobre el grave problema del acceso a la tierra urbana se montan otras operaciones políticas de desgaste. Tanto los obreristas como el ex senador Duhalde intentan revivir las jornadas de diciembre de 2001, pero sólo logran conatos aislados y fugaces, en un país volcado al consumo y el esparcimiento.
Los trabajadores tercerizados de la línea Roca que negocian su incorporación plena a la empresa ferroviaria no participaron en el corte de vías del jueves a la altura de Avellaneda. El acampe en las vías fue organizado por un pequeño grupo de dirigentes del partido “Obrero”, que trajo para ello a trabajadores tercerizados de otras líneas. El corte interrumpió el servicio y dio lugar a bien preparados disturbios en Constitución, cuando los obreros que intentaban regresar a sus casas llegaron a la terminal y fueron informados de que no corrían los trenes. Un compacto grupo de jóvenes comenzó la pedrea, a la que luego se sumaron algunos pasajeros, indignados por la imposibilidad de viajar. No queda claro si los primeros atacantes pertenecían al mismo grupo que los responsables del corte, porque actuaron sin ninguna identificación ostensible y porque en general el partido “Obrero” reivindica sus acciones.
- Mil y sesenta.
El 20 de octubre, luego de un similar intento de corte fue asesinado el estudiante Mariano Ferreyra y herida la trabajadora informal Elsa Rodríguez. La conmoción por el episodio aceleró las negociaciones que esos trabajadores venían realizando en el ministerio de Trabajo de la Nación. En esa mesa se había acordado que el lunes 20 el ministerio firmaría la resolución por la cual a partir del 1 de enero un millar de trabajadores tercerizados pasarían a la planta permanente de la empresa principal. En varias de las cooperativas truchas creadas para reducir costos laborales participan familiares de dirigentes del gremio, como su secretario general desde hace dos décadas José Pedraza. Los trabajadores cobran la mitad que los ferroviarios legales. La diferencia la paga el subsidio estatal y la embolsan los sindicalistas empresarios. Sólo se prolonga el desacuerdo sobre sesenta personas que, según la empresa, no pueden pasar a la planta permanente porque la limpieza de los baños que realizan es retribuida por las propinas de los usuarios. El Ministerio de Trabajo propuso prorrogar el plazo para el análisis de estos sesenta casos hasta el último día de este año. El resto de los trabajadores tercerizados del Roca ya llenaron los papeles requeridos y pasaron por la revisación médica correspondiente. La firma del documento de alta temprana, que formalizará su carácter de empleados de planta del Estado, estaba prevista para el lunes 20 pero se corrió una semana, aunque sin alterar el momento de la incorporación efectiva. Por eso los trabajadores del Roca habían resuelto aguardar hasta mañana, lunes 27, sin nuevas medidas de fuerza. El partido “Obrero” no aceptó la demora y organizó el corte en Avellaneda con trabajadores tercerizados de las líneas Belgrano Sur y Mitre. El empleado de la Legislatura porteña Néstor Pitrola, que dirige esa agrupación de la clase media radicalizada, participó de los encuentros de urgencia realizados en el Ministerio de Trabajo mientras la temperatura subía hasta los 35° C y aumentaba la afluencia de público a Constitución. Siete dirigentes y activistas de la Unión Ferroviaria están detenidos y procesados por el asesinato de Ferreyra, y la jueza Susana Wilma López debe decidir sobre el pedido de procesamiento del propio Pedraza, formulado por la fiscal Cristina Caamaño antes de pedir licencia para asumir como Secretaria de Gestión Operativa del Ministerio de Seguridad. Esa designación no parece confirmar las consignas del partido “Obrero” acerca de una presunta complicidad del gobierno nacional con Pedraza.
- Visera, mochila y pañuelo.
Pitrola se levantó de la mesa de negociación a las 18 del jueves, sin que se hubiera llegado a un acuerdo. Minutos después unos veinte hombres jóvenes, que llevaban gorros con visera que dificultaban su identificación, mochilas aptas para cargar piedras y en muchos casos pañuelos poco apropiados para el clima tórrido pero convenientes para cubrirse el rostro, comenzaron a apedrear los cerrados accesos a la terminal ferroviaria, donde una reducida guardia de infantería de la Policía Federal les cerraba el paso. Esa escasa fuerza les vedó el acceso a la estación pero fue insuficiente para impedir que saquearan algunos locales de calzado y de venta de bebidas, cuyas botellas fueron empleadas como proyectiles. Ese grupo emblemático de la paleoizquierda fue pionero de las candidaturas testimoniales y está en campaña contra el gobierno nacional por la ley electoral que las prohíbe, al exigir un piso mínimo de votos que los obreristas no alcanzan. Dada su pureza ideológica les resulta imposible aliarse con otras fuerzas afines, a las que combaten con el mayor entusiasmo. El partido “Obrero” intenta reeditar cada 20 de diciembre las violentas jornadas de 2001. En el aniversario de 2003 un explosivo hizo volar un cesto de papeles en la Plaza de Mayo y causó heridas a 26 manifestantes. Pitrola lo atribuyó al gobierno, pero el dirigente de la Federación de Tierra y Vivienda Luis D’Elía afirmó que se trató de un autoatentado, dentro de un programa de agitación dirigido a desestabilizar al entonces flamante gobierno de Néstor Kirchner, e involucró en el intento al ex senador Eduardo Duhalde. Hoy como entonces, las sospechas sobre el origen de los actos violentos se van hacia esas direcciones. A ello contribuyó la elección del 20 de diciembre como fecha de lanzamiento de la candidatura presidencial de Duhalde, cuya principal oferta proselitista es el orden alcanzado por medio de la represión.
- El discurso del método.
En el acto de lanzamiento, al que asistió la esposa castrense Cecilia Pando, que considera presos políticos a los militares procesados, Duhalde coincidió en dos puntos centrales con otro político que ocupó la casa de gobierno sin el auspicio de la voluntad popular, Jorge Rafael Videla, quien leyó su alegato ante el Tribunal Federal que lo juzgó por el asesinato de 31 presos políticos detenidos en la Unidad Penitenciaria 1 de Córdoba. Para ambos cultores del hecho consumado los juicios por crímenes de lesa humanidad no son un acto de justicia sino de venganza y la violencia estatal es el principio fundante de la convivencia colectiva. Videla se jactó de haber prestado un “inestimable servicio a la nación agredida facilitando el restablecimiento del orden republicano democrático”. Duhalde dijo que el gobierno había traído la violencia y que él reimplantaría el orden por medio de la represión. Ninguno ha aprendido ni olvidado nada, como el vizconde Chateaubriand decía de los Borbones después de la Revolución Francesa y el imperio de Napoleón. El ex dictador citó el fallo de la Cámara Federal que lo condenó en 1985 para decir que el país vivió una guerra revolucionaria. Pero también recurrió a la justificación teológica, invocando a Santo Tomás de Aquino para caracterizar la represión generalizada que se desató sobre el país como una “guerra justa”. Todo ello fue refutado hace ya 25 años. Los jueces Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio dijeron entonces que luego de estudiar las disposiciones del derecho de la guerra convencional y de la guerra revolucionaria o subversiva no encontraron ni una sola regla que justificara o exculpara a los autores de los hechos juzgados, ya que el homicidio, la tortura, el robo, el daño indiscriminado, la privación ilegal de la libertad “son antijurídicos para el derecho interno argentino. Son contrarios al derecho de gentes. No encuentran justificación en las normas de cultura. No son un medio justo para un fin justo. Contravienen principios éticos y religiosos”.
- Una pequeña diferencia.
Un inconveniente difícil de salvar para este volver a vivir que intentan el partido “Obrero” y Duhalde reside en las ostensibles diferencias entre aquel diciembre y éste. Entonces, el establecimiento de un corralito bancario que dejó sin ingresos al sector informal de la economía culminó en forma estrepitosa una recesión de tres años, que destruyó millones de puestos de trabajo y endeudó al país. Los saqueos generalizados de entonces fueron un recurso de última instancia para proveerse de alimentos por parte de personas que en el mes previo habían perdido los precarios empleos con los que sobrevivían. El sindicalismo carecía de peso político y su resistencia a la desprotección de los trabajadores se limitaba a denuncias como la de Hugo Moyano sobre la compra de votos para la aprobación de la ley de precarización laboral. Ahora la desocupación ha retrocedido a niveles de hace tres décadas. La alta inflación no ha hecho mermar el consumo, que bate records cada mes, lo mismo que la producción industrial y la construcción, mientras el país reduce la deuda externa como porcentaje del PIB a su mínimo histórico desde el empréstito Baring de 1826. La Asignación Universal por Hijo se constituyó en el plan de transferencia de ingresos más significativo de la región, según el juicio del organismo de las Naciones Unidas para la región. En 2001 se vivía además una profunda crisis política. Consecuencia de tres gobiernos sucesivos que llegaron al poder con promesas que abandonaron al día siguiente de asumir para dedicarse a viabilizar las políticas de ajuste dictadas por el consenso de Washington, se había impuesto un descreimiento absoluto de la política y de las instituciones. La abstención en los comicios de octubre de aquel año fue la más alta desde que se llevan registros, mientras se instalaba la exigencia de una renovación total de la clase política, en la penetrante consigna “Que se vayan todos”. Ante la imposibilidad de ejercer cualquier control político, el gobierno de la UCR ordenó la represión de las movilizaciones, sin asegurarse de qué forma la ejecutaban las fuerzas policiales y de seguridad, lo cual provocó cuatro decenas de muertos en todo el país.
- Se fueron todos.
Desde entonces, se fueron casi todos: sólo 27 diputados y senadores actuales ya lo eran en 2001, cruzaron de cámara o fueron sucedidos por un familiar, es decir apenas el 8,2 por ciento. Pero además de la renovación de personal, se produjeron cambios sustanciales de política, que obtienen diferentes respuestas de la sociedad. La frase tantas veces reiterada por Kirchner de que no había llegado a la presidencia para dejar en la puerta sus convicciones está en la base de una recuperación de la estima social por la política como instrumento de transformación, aunque para ello deba confrontar con los poderes fácticos que añoran la situación anterior. Luego de la descontrolada represión en el desalojo del Parque Indoamericano, donde murieron tres personas, la presidente CFK ratificó la consigna de su antecesor en contra del empleo de armas de fuego ante manifestaciones y encaró la postergada reforma de las instituciones policiales, con la creación del Ministerio de Seguridad y la designación a cargo de Nilda Garré. Esa directiva no está exenta de desajustes, como los que se vieron el jueves en Constitución, cuando la pistola reglamentaria de un policía de civil de la comisaría del barrio asomó por debajo de la camisa que usaba para mimetizarse con los manifestantes y detener a quienes arrojaban piedras. Pero no hay comparación posible entre esa situación, que Garré detectó y corregirá, y la de 2001, cuando ni se ponía en tela de juicio el empleo de esos medios letales para enfrentar a personas furiosas pero desarmadas, que no pedían una vivienda o un transporte dignos, sino comer cada día.
- Tierra en el ojo.
Al cabo de tres semanas de conflicto, comienza a advertirse que el problema básico sobre el que se montan las operaciones políticas de desgaste no es el de la vivienda sino el del acceso a la tierra urbana. Nunca antes el Estado había construido tantas viviendas como en los últimos siete años. Sin embargo, esto no es suficiente, así como el crecimiento macroeconómico y la vertical reducción del desempleo no bastaron para acabar con el núcleo duro de la pobreza, que requiere de otro tipo de intervenciones. El mercado ha hecho la asignación menos eficiente de un bien escaso como el suelo. Los barrios cerrados ocupan el doble de la superficie que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero viven en ellos 15 veces menos de personas. El hecho es que en las villas de la Capital se ha agotado la tierra disponible y en las del Gran Buenos Aires escasea. Esto se observa tanto en las construcciones en altura, con edificios de hasta cinco pisos en Retiro, como en la especulación inmobiliaria, por la que los alquileres en esos asentamientos tienden a converger con los del resto de la ciudad, de modo que sus precios quedan fuera del alcance de muchos presupuestos. Este conocimiento debería servir para encontrar la solución. La investigación del juez federal Daniel Rafecas sobre la ocupación del Club Albariño avanza en esa dirección: tanto los detenidos como el prófugo forman parte de una organización especializada en la intrusión de terrenos para construir y alquilar. El primer detenido, Guillermo Ramón Ferreira, maneja un centro comunitario de Ciudad Oculta, a doscientos metros del Club Albariño, que de día presta servicios sociales y de noche se convierte en bailanta. Parte de su poder deriva de su trabajo como capataz de obras, por lo cual cada día decide quiénes ganarán un jornal. El segundo detenido, Reinaldo Silvero González, ya había encabezado otra toma de tierras en Ciudad Oculta, hace tres años. Además de usurpación deberá responder por lavado de dinero: cuando lo atraparon conducía una carísima camioneta doble cabina último modelo. Además de los setenta lotes para viviendas que esperaban obtener de la ocupación sus planes incluían la construcción de otro centro comunitario/bailanta. El prófugo, Regino Acevedo, cobró hasta 2008 del gobierno de la Ciudad y forma parte del Movimiento Social Metropolitano, rama villera del PRO. Esto le permite decidir sobre la asignación de las pocas viviendas que ha construido la Corporación Buenos Aires Sur durante la administración de Maurizio Macrì. El presidente de la Corporación es el dirigente duhaldista Humberto Schiavoni, quien fue jefe de gabinete de ministros durante el fugaz interinato presidencial de Ramón Puerta y hoy es jefe de campaña de Macrì. Otros de los dirigentes del MSM aparecen en las fotos de esta página (ver aquí) en compañía del jefe de gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, del legislador Enzo Pagani y del titular de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), Federico Angelini. Ellos son Adrián César Garay, de la Villa 1-11-14, del Bajo Flores, y Blanca Arce, quienes junto con el prófugo Acevedo forman parte del grupo que dirige Miguel Angel Rodríguez, a quien llaman “El Turco” o “El Comandante”, quien explota todo tipo de negocios ilegales vinculados con el gobierno de la Ciudad desde los tiempos de Carlos Grosso. Ahora es el turno del PRO. Angelini es rosarino pero proviene del bussismo y llegó al macrismo a través del ex legislador tucumano Pablo Walter, asesor del ministro Esteban Bullrich. Las fotos fueron publicadas en su muro virtual por un asesor de Angelini, Sebastián Fernández Cerdeña. Rodríguez debió renunciar a un empleo formal en el área de Vivienda de la Ciudad cuando se reveló que había sido condenado a una pena de prisión por la venta ilegal de licencias de taxis. Pero siguió vinculado en forma menos ostensible, a través del legislador Pagani. La UGIS también paga trabajos de mantenimiento en las villas, que se asignan a las empresas que organizan o controlan esos punteros. El macrismo no sólo mantiene nexos con los ocupantes, sino también con los denominados vecinos de Lugano que reclaman la desocupación del club y que agredieron con bombas incendiarias, nafta y neumáticos a las fuerzas policiales que formaron un cerco para separar a ambos bandos. El presidente del Club Albariño es Jorge Sampedro, Corea, el histórico culata de la UOM que acompañaba a José Rucci en el último minuto de su vida. Su Unidad Básica está a pocos metros del club ocupado. Varios de los torturados a golpes en el Hotel Internacional de Ezeiza el 20 de junio de 1973 lo señalaron como el responsable, cargo que el ex boxeador Corea niega. Su hermano Alfredo Sampedro tiene una empresa constructora y su jefe político es el duhaldista Eduardo Rollano. En tiempos de Grosso, Alfredo Sampedro tuvo una pelea a cuchillo con un pariente de Julio Carlos Capella, el hombre de la fotografía que avanzaba armado sobre los ocupantes del Parque Indoamericano. Algunos dicen que el duelo ocurrió con su padre, Carlos Roberto Capella, empleado del Club Atlético Boca Juniors y del gobierno de la Ciudad, pero otros señalan que fue con su tío, Jorge Luis Capella, quien trabaja en la Dirección Nacional de Migraciones en la misma sección que Victoria Giovenco, la hija del guardaespaldas de la UOM que murió en 1974 cuando le estalló un explosivo que intentaba colocar. También forma parte del grupo de Corea el ex legislador Carlos Elías, El Chapa. Su hijo, Chapita Elías, es uno de los responsables de la zona sur designado por el macrismo. Este entramado de relaciones políticas y personales es parte del universo de Lugano y Mataderos que responde a Cristian Ritondo, de privilegiada relación con la comisaría 48 de la Policía Federal, que ya padeció el relevo de dos sucesivos jefes. Ritondo es el heredero político de Miguel Ángel Tomanzano, si tal cosa puede decirse en serio. De ambos dependió Migraciones durante el interinato presidencial de Duhalde. Ritondo es legislador de PRO, pero asistió al lanzamiento de la campaña presidencial de Duhalde. Del acuerdo también participa el primo inteligente del jefe de gobierno, Jorge Macrì, el principal partidario de una alianza electoral. Esta semana tuvo un almuerzo público con la esposa de José Luis Barrionuevo para discutir en qué condiciones, dado que ambos jefes aspiran al mismo sitial. Junto con Pagani, Ritondo elaboró el proyecto de escrituración de tierras ocupadas en las villas que fue la señal de largada para las ocupaciones de diciembre.
- El debate Nº 41.
Con las condenas a Videla y Luciano Menéndez y con las absoluciones pronunciadas en Córdoba llegan a 41 los debates de juicio concluidos desde que se reabrieron los procesos. Sólo el 10 por ciento de los 1656 imputados ha recibido condena. Pero además de esos 166 condenados, hay otros 389 detenidos bajo proceso, hasta llegar a un total de 555. Permanecen en libertad 807, hay 37 prófugos y 257 murieron antes de la sentencia, según los cálculos del CELS. En 2010 la Cámara de Diputados votó por unanimidad (cosa excepcional dada la fuerte polarización existente) una declaración en la que llamó a la política de memoria y justicia “una bisagra ética fundamental del Estado de derecho que beneficia a la sociedad argentina en su conjunto”. Y la Corte Suprema de Justicia declaró que los juicios por crímenes de lesa humanidad “no dependen de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté” sino que forman parte “del contrato social de los argentinos”. Este año la actividad judicial por esos crímenes se extendió a Santa Fe, Salta, la Capital Federal, Córdoba, Rosario, San Martín, Mar del Plata, Tucumán, La Rioja, La Plata, Santiago del Estero, Mendoza, San Rafael y La Pampa. Sin embargo, sólo ocho sentencias han sido confirmadas por la Cámara Nacional de Casación Penal y apenas tres por la Corte Suprema de Justicia, en los casos de Julio Simón, Miguel Etchecolatz y el sacerdote católico Christian von Wernich. Si todo siguiera a este ritmo, cansino a pesar de su aceleración reciente, la proporción de muertos antes de la sentencia en relación a los condenados, que hoy es de 1,55, no cesaría de crecer. Y otro tanto pasaría entre las víctimas y sus familiares.
No hay comentarios :
Publicar un comentario